El proyecto de ley 4917 declara la “emergencia económica y financiera, emergencia administrativa y la relación de empleo público, emergencia de los juicios contra el Estado provincial, emergencia de la consolidación de deuda, emergencia alimentaria, emergencia sanitaria, emergencia social, emergencia en la prestación de los servicios públicos, emergencia productiva y emergencia habitacional”.
En todos estos ámbitos, el gobernador Jorge Capitanich pretende la autorización para intervenir por decreto, lo que representa prácticamente la suma del poder o, como se conoce vulgarmente: “superpoderes”.
Entre otra, pretende facultades para emitir bonos para el pago a los proveedores por 5 mil millones de pesos y tomar créditos por un monto de hasta el 20 por ciento del Presupuesto general de la Provincia, vender bienes del Estado, fijar nuevos impuestos, revisar todos los contratos firmados por entes estatales antes de su asunción, contratar directamente personal en Salud Pública, revisar designaciones, trasladar, adscribir y hasta transferir personal del Estado incluso a empresas privadas.
En la sesión extraordinaria del miércoles, cuando se debatía la Ley de Ministerios, Élida Cuesta, de la bancada CER, cuestionó la disolución de los Ministerios de Ambiente y de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial, reducidos ambos a la Secretaría de Desarrollo Territorial y Ambiente, por entender que no sólo le quitaba jerarquía y capacidad operativa, sino que atentaba contra los derechos de los trabajadores de ambas carteras.
Y asoció la situación con las facultades pretendidas por el Gobernador para disponer arbitrariamente por decreto de los recursos humanos del Estado transfiriendo trabajadores públicos para ponerlos al servicio de empresas privadas, lo que definió como “un avasallamiento total de sus derechos”.
Para graficar, recordó: “En los últimos 4 años, en este recinto, se dijo de todo del expresidente Mauricio Macri. Se dijeron hasta barbaridades de las medidas adoptadas y las políticas implementadas por su gobierno. Pero ni Macri se atrevió a tanto. Ni a Macri se le ocurrió sacar empleados del Estado para cederlos a empresas privadas”.
Le legisladora pidió que conste en la versión taquigráfica su postura y tanto ella como sus compañeras de bancada: Nadia García Amud, María Vargas y Andrea Charole, rechazaron la Ley de Ministerios.
